19/2/2010 2:39 PM
Miami (EE.UU.), EFE
Miami (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Las autoridades de Estados Unidos acusaron hoy a cuatro personas de exportar productos electrónicos a un centro comercial en Paraguay que presuntamente sirve como una fuente financiera del grupo terrorista Hizbulá.
Entre los acusados hay tres empresarios de Miami identificados como Khaled T. Safadi, de 56 años; Ulises Talavera, de 46, y Emilio Gonzalez-Neira, de 43 años, informó la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.
Un cuarto acusado es Samer Mehdi, de 37, de Paraguay.
Las compañías Cedar Distributors, Inc. (Cedar), con sede en Miami; Transamerica Express of Miami, Inc. (Transamerica), propiedad de Talavera y Jumbo Cargo, Inc. cuyo dueño es Gonzalez-Neira, afrontan acusaciones por el mismo caso.
Los fiscales dijeron que los acusados presuntamente exportaron cientos de miles de dólares en juegos de vídeo PlayStation y cámaras digitales al centro comercial Galería Page, en Ciudad del Este (Paraguay), que el Gobierno de Estados Unidos ha clasificado como el brazo financiero de Hizbulá en Latinoamérica.
Agentes del FBI arrestaron a Safadi y a Talavera el jueves en la ciudad del Doral y a Gonzalez-Neira en Sunny Isles, en el condado de Miami-Dade (Florida), mientras que Mehdi está prófugo.
Según el documento judicial del caso, desde marzo del 2007 hasta enero de 2008, Talavera y Gonzalez-Neira exportaron los productos electrónicos para Mehdi, quien es propietario de Jomana Import Export, un negocio de ese tipo de artículos ubicado en la Galería Page.
Safadi, mediante Cedar, era un distribuidor de los productos, de acuerdo con la acusación.
Para esconder el verdadero destino de los envíos, los acusados crearon falsas facturas con dirección también falsas y destinatarios ficticios.
Los cuatro hombres afrontan cargos de conspiración para violar la Ley de Emergencia Económica Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), que establece sanciones económicas y otras restricciones a países, grupos delictivos y personas que amenazan la seguridad, la política exterior y la economía del país.
También afrontan cargos de contrabando de artículos electrónicos a Paraguay y de ser declarados culpables enfrentarían condenas máximas de hasta 20 años de cárcel y las empresas multas entre 250.000 dólares a un millón de dólares.
