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San Juan, 21 dic (EFE).- La Policía de Puerto Rico se ha comprometido a respetar los derechos civiles de la población de la isla caribeña, de acuerdo a los principios que establece la Constitución estadounidense, informó hoy el gobernador saliente, Luis Fortuño.

El jefe del Ejecutivo señaló que este compromiso surge de un acuerdo firmado entre la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal. Con él se da por terminada la pesquisa que desde 2008 investigaba posibles violaciones de derechos civiles por parte de los cuerpos de seguridad de la isla y se da paso a una amplia reforma del cuerpo.

“Nos complace anunciar este acuerdo de colaboración al cual ha llegado la Policía de Puerto Rico con el Departamento de Justicia Federal, que servirá de plataforma para llevar a cabo una reforma sustentable para el mejoramiento de los sistemas, el entrenamiento y las destrezas de nuestra Policía”, subrayó en un comunicado.

Según el gobernador, el acuerdo busca asegurar que la Policía ofrecerá servicios policiales que garanticen los derechos civiles protegidos bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos y Puerto Rico.

Además, buscará promover la seguridad pública ofreciéndole a los miembros de la Policía puertorriqueña las herramientas, el entrenamiento y los recursos que éstos necesitan para combatir el crimen.

El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, destacó que en el acuerdo se establece que ambas partes colaborarán para “mejorar en las áreas de uso de fuerza, inspecciones e incautaciones, igualdad ante la ley y no discriminación, reclutamiento, políticas y procedimientos”, entre otras.

En 2008, el Departamento de Justicia federal inició una investigación sobre supuestas violaciones de derechos civiles por parte de la Policía de Puerto Rico.

La investigación propició que la Policía iniciara su propia reforma interna, en consulta con las autoridades federales, para la revisión e implantación de mejores prácticas.

Las autoridades federales y locales han estado trabajando en la elaboración de un acuerdo para llevar a cabo esas reformas que será presentado ante un tribunal federal para su aprobación.