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Montevideo, 15 feb (EFE).- La jueza uruguaya Mariana Mota, clave en la lucha contra la impunidad de la dictadura (1973-1985), fue reubicada hoy del ámbito penal a un juzgado civil en un acto que se tuvo que retrasar varias horas ante las protestas de decenas de manifestantes que ocuparon la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

A las 10.00 hora local (13.00 GMT) los activistas de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay y Crysol, entre otros grupos, se concentraron a las puertas de la sede de la SCJ para mostrar su apoyo a la jueza.

Personas de todas las edades portaban pancartas con lemas como “basta de impunidad”, “suprema corte=guardianes de la impunidad” o “a quebrar su injusticia”.

Mota estaba a cargo de una cincuentena de expedientes de la dictadura y es responsable, entre otras, de una de las sentencias contra el presidente devenido en dictador Juan María Bordaberry, fallecido el año pasado, en febrero de 2010, cuando lo condenó a 30 años por el golpe de Estado de hace casi 40 años.

Una hora después llegó la magistrada junto con sus familiares y fue recibida con aplausos y ovaciones por más de 200 personas, de las cuales casi un centenar entraron con ella en la sede del poder judicial, que ocuparon entre gritos de apoyo a la jueza.

Por ello, la ceremonia tuvo que ser suspendida momentáneamente mientras las fuerzas de seguridad pedían a los manifestantes que desalojaran el edificio.

Uno de los activistas, Edgardo Oyenart, secretario de Derechos Humanos de la central sindical uruguaya PIT-CNT, afirmó estar allí para “respaldar y reconocer” a Mota y para destacar su labor “intachable” como jueza del ámbito penal.

“Los argumentos que se han dado para su traslado no son de recibo, la Suprema Corte de Justicia ha recibido presiones”, denunció.

En un comunicado, la SCJ informó en su página web que el nombramiento de Mota, que no fue la única en asumir hoy un nuevo cargo, se debe a “razones de buen servicio”, aunque el jueves un ministro del alto tribunal admitió que sus “antecedentes” influyeron en la decisión.

Mota participó en 2011 en la Marcha del Silencio, una multitudinaria manifestación que se realiza cada mes de mayo en Montevideo con velas y retratos de los desaparecidos durante la dictadura.

Por ese episodio, la magistrada fue objeto de una investigación administrativa.

La jueza también tuvo problemas con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por sus diferencias sobre el caso de un avión que desapareció en aguas del Río de la Plata en junio del año pasado.

Durante la ocupación, los activistas corearon gritos como “Mariana, amiga, el pueblo está contigo”, “Se va a acabar la impunidad en Uruguay” o “¡Resistencia!”.

También se vivieron momentos de tensión con la Policía, que formó un círculo humano para aislar a decenas de ocupantes entre empujones, forcejeos e insultos por ambas partes.

Finalmente, después de tres horas la Policía desalojó pacíficamente en pocos minutos a los manifestantes y en un acto breve la jueza firmó su traslado a un Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Civil de Montevideo.

Acto seguido salió a la calle con un semblante cariacontecido acompañada de algunos familiares, mientras los manifestantes la aplaudían.

Algunos abogados y fiscales que participaron en procesos judiciales contra los represores de la dictadura consideraron el traslado como “sorprendente e indignante”, además de “un retroceso importantísimo de la Justicia en Uruguay y una victoria de la impunidad”.

En cambio, la noticia fue bien recibida por los militares retirados, para quienes “demuestra que aún se puede confiar en la Justicia”, pues la magistrada cometió “irregularidades de todo tipo” y no era “imparcial”, algo “inadmisible para un juez”, sostienen.

En declaraciones al semanario Brecha, Mota advirtió este viernes que recurrirá la medida porque en su opinión viola la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en 2011 contra el Estado uruguayo por el caso Gelman, uno de los más emblemáticos de la dictadura.

Según Mota, “se están obstaculizando las investigaciones”, algo que ese dictamen exigía que no sucediera.

Su sucesora, Beatriz Larrieu, “tiene que empezar desde el desconocimiento de las causas y debe ver cómo estamos en casi 50 causas de no menos de 600 fojas cada una” explicó.

“Tendrá que pasarse mucho tiempo leyendo no solo los expedientes sino jurisprudencia, doctrina, convenciones, convenios internacionales o declaraciones de unas causas con las de otras, trazarse estrategias de investigación”, añadió.

El ministro de Exteriores uruguayo, Luis Almagro, afirmó hoy al rotativo La Diaria que con la reubicación de Mota “solo ganan los dinosaurios” y el país “pierde posicionamiento internacional”.