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Correa rechaza Gobierno de Ecuador haya interferido en juicio contra Chevron

WUNI News
03/08/2014 7:25 PM

Quito, 8 mar (EFE).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, rechazó el fallo de un juez de Nueva York que involucró a su Gobierno al señalar que éste ejerció interferencias en la multimillonaria condena con la que la Justicia de Ecuador condenó a la petrolera Chevron por graves daños ambientales en la Amazonía.

Correa, en su habitual informe sabatino, reiteró que su Gobierno no formó parte en el llamado “juicio de Lago Agrio”, la jurisdicción donde la petrolera estadounidense fue condenada en un proceso iniciado por habitantes amazónicos hace unos 20 años.

El pasado 4 de marzo, el juez federal de Nueva York Lewis Kaplan falló a favor de Chevron al considerar que la multimillonaria sentencia impuesta a la petrolera en Ecuador se logró a través de una conspiración.

Esa compañía fue condenada en 2010 por la Corte de Lago Agrio a pagar más de 19.000 millones de dólares como indemnización por los “graves daños ambientales” dejados en la Amazonía cuando operó en esa región como Texaco, luego adquirida por Chevron.

La condena fue confirmada en noviembre pasado por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador que, sin embargo, redujo a la mitad la indemnización impuesta a Chevron, y la dejó en unos 9.500 millones de dólares.

La petrolera, por su parte, emprendió un proceso en la corte de Kaplan contra los abogados de los colonos e indígenas amazónicos que le demandaron, al considerar que ellos confabularon un presunto fraude contra la petrolera.

En el fallo de Kaplan, según Correa, el juez neoyorquino involucró, sin pruebas, al Gobierno ecuatoriano, que no forma parte de ese proceso ni del juicio de Lago Agrio.

Dicho juez “dice, sin ninguna prueba, que el Gobierno ecuatoriano ha interferido en el juicio, acogiendo lo que han dicho los medios de comunicación opositores al Gobierno (de) que la Justicia en este país no es independiente”.

Kapklan, además, dice que la interferencia ha sido incluso “del propio presidente de la República”, comentó Correa, que rechazó la postura del juez.

“¡Hasta dónde llega la prepotencia, hasta dónde llega el imperialismo!”, remarcó el mandatario izquierdista al señalar que su Gobierno ha debido enfrentar a “poderosos” intereses nacionales y extranjeros.

No obstante, recordó que los demandantes amazónicos apelarán el fallo del juez Kaplan y dijo confiar en que al final de todo el proceso “la verdad prevalecerá”.

También criticó que la base para el fallo de dicho magistrado sean las declaraciones del exjuez ecuatoriano Alberto Guerra, que en el pasado estuvo a cargo del juicio de Lago Agrio y que aceptó haber incurrido en actos de corrupción.

Guerra, además, según Correa, vive actualmente protegido y pagado por la petrolera en Estados Unidos.

También criticó al expolítico democristiano Wladimiro Álvarez, abogado de uno de los periódicos contrarios a la gestión de su Gobierno, cuyos comentarios sobre la supuesta parcialidad de la Justicia ecuatoriana con el actual régimen fueron acogidos por Kaplan para justificar el fallo.

“Ojalá se entienda la gravedad del caso”, alertó el mandatario ecuatoriano al reprochar el hecho de que “un juez de Nueva York deja sin efecto una sentencia de tribunales ecuatorianos”.

Eso es como si la Justicia ecuatoriana dijera que “una sentencia de tribunales en Estados Unidos no es válida”, añadió Correa, para quien la posición de Kaplan atenta contra la soberanía nacional.

Los demandantes amazónicos han asegurado que apelaran el fallo del juez Kaplan y que esa sentencia “no detiene las acciones de cobro” de la millonaria condena a la que fue sometida la petrolera en las cortes ecuatorianas.

Así lo ha indicado el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), que alberga a los indígenas y colonos que demandaron a la petrolera estadounidense por la contaminación atribuida a ella en el tiempo en que extrajo crudo en esa región, entre 1964 y 1990.

De momento, los abogados del FDA mantienen procesos de cobro de la sentencia en Canadá, Brasil y Argentina, aunque no descartan acudir a otras naciones donde la petrolera tenga activos.

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