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Fiscalía y defensa, de acuerdo en asignar trabajos sociales a Berlusconi

WUNI News
04/10/2014 8:52 AM
Actualizada: 04/10/2014 3:20 PM

Roma, 10 abr (EFE).- La fiscalía general y la defensa de Silvio Berlusconi se mostraron hoy favorables a la asignación de trabajos sociales al magnate y exprimer ministro, aunque la sentencia definitiva sobre la aplicación de la pena se conocerá cuando se pronuncie el Tribunal de Vigilancia penitenciaria de Milán.

Así lo aseguró el presidente del tribunal milanés, Pasquale Nobile de Santi, que a la salida de la audiencia que se ha celebrado hoy para tratar la pena de Berlusconi, explicó a los medios que su decisión será anunciada por él mismo en un plazo de entre 5 y 15 días.

Esta corte es la encargada de dictaminar el modo en el que Silvio Berlusconi, de 77 años, tendrá que cumplir la pena a cuatro años de prisión por fraude fiscal en el conocido como caso Mediaset, finalmente reducidos a un año de prisión por un indulto.

Y es que el magnate, por motivos de edad y según la legislación italiana, no podría entrar en prisión.

Por esta razón, la Justicia italiana tendrá que decantarse entre asignarle el arresto domiciliario o los trabajos sociales, esta última la opción predilecta de la defensa del político conservador.

Durante la audiencia, celebrada hoy en Milán, el fiscal general sustituto Antonio Lamanna habría dado el visto, según los medios italianos, a la petición de los abogados de Berlusconi, que oficializaron su posición favorable a los trabajos sociales.

A pesar de dicho acuerdo, la última palabra la tienen los magistrados del Tribunal de Vigilancia, que aún podría decantarse por el arresto domiciliario.

No obstante, en Italia los medios de comunicación coinciden en apuntar que los servicios a la comunidad pesarían más que el arresto en la balanza de la Justicia del país.

De ser así, faltaría conocerse, además, qué clase de trabajo social desempeñaría, una incógnita que ahora se ha convertido en el terreno a conquistar por su propia defensa.

Según la prensa, la Oficina de Ejecuciones Penales Externas (UEPE) ha propuesto al tribunal la posibilidad de que el exmandatario pueda acudir un día a la semana a una residencia de ancianos cerca de su casa de Arcore (en el norte de Italia).

Una alternativa que, según el diario “La Stampa”, habría sido rechazada de facto por el propio Berlusconi, poco dispuesto a prestar sus servicios en un asilo.

El pasado lunes los abogados del que fuera tres veces primer ministro de Italia presentaron un documento de diez páginas al UEPE para plantearle una alternativa al cuidado de ancianos.

Los abogados propusieron que su cliente cumpla su pena en un centro terapéutico para discapacitados físicos y psíquicos, personas, según el documento, “a las que ayudar a desarrollar nuevos estímulos”.

Sin embargo, la peor opción para el ex mandatario sería la del arresto domiciliario, ya que le impediría estar presente en la campaña electoral de su formación política Forza Italia (FI), que según algunos sondeos, dada la ausencia del histórico líder, podría quedar por debajo del 20 por ciento de los sufragios en las elecciones europeas.

Unos comicios a los que, por otro lado, no podrá concurrir dada la pena accesoria a la condena del caso Mediaset -la misma que ahora se estudia- y que impone al líder dos años de inhabilitación en el ejercicio de cargo público.

Tras la conclusión de la audiencia de hoy, la plana mayor de su partido político salió en defensa de su líder.

Su delfín y consejero político, Giovanni Toti, reivindicó que Berlusconi “no es un presidente abatido” y aseguró que FI alberga aún la confianza de que el tribunal “sepa juzgar teniendo presente la estatura humana y política” del magnate.

Por su parte, el portavoz de FI en el Congreso, Renato Brunetta, comparó a Berlusconi con la activista birmana y premio Nobel de la paz San Suu Kyi, al tiempo que confesaba, en el programa “La Telefona” de Canale 5, que el líder conservador es “un símbolo, y los símbolos no se impiden, no se amordazan, no se bloquean”.

La decisión del juez, en el plazo de 15 días, supondrá el punto final de un proceso mediático que comenzó en 2006 al investigar la adquisición fraudulenta de los derechos cinematográficos y de televisión de un lote de cine estadounidense en 1994.