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Aplauden la deportación de un exministro salvadoreño condenado por crímenes guerra

WUNI News
04/14/2014 7:21 PM

Miami (EE.UU.), 14 abr (EFE).- El Centro por la Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en EE.UU., aplaudió hoy la decisión de un juez de Miami de deportar al exministro salvadoreño de Defensa José Guillermo García, condenado en 2002 por crímenes de guerra y residente en Florida con 81 años de edad.

El CJA, una organización internacional que vela por los derechos humanos, aseguró en un comunicado que por fin “se ha levantado el velo” para arrojar luz “sobre los crímenes cometidos por José Guillermo García y las tropas que dirigía” entre 1979 y 1983.

El fallo judicial se dictó el pasado mes de febrero, y ha salido a la luz pública gracias a un requerimiento legal de información presentado por el New York Times.

En su sentencia, el juez de inmigración Michael C. Horn considera “inconcebible” que la tortura a gran escala que se produjo en aquellos años en El Salvador pudiera llevarse a cabo sin el conocimiento del ministro de Defensa, y añade que el propio García “protegió” a los torturadores, negó las masacres e impidió la investigación de los asesinatos.

Según el fallo judicial, hay pruebas suficientes de que el exministro de Defensa participó en once crímenes de guerra cometidos en El Salvador durante su etapa al frente de las Fuerzas Armadas.

El exministro salvadoreño estuvo implicado en el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1980, así como en las masacres de más de mil campesinos en la región de Mozote, en 1981, de acuerdo con el fallo.

Además, se le relaciona también con el asesinato de cuatro monjas estadounidenses, también en 1981 en El Salvador, entre otros crímenes.

El caso arrancó en 1999 tras la demanda presentada por el CJA contra el exministro García y también contra el general Carlos Eugenio Vides Casanova.

Ambos fueron condenados en 2002 por cometer “torturas y violaciones de derechos humanos”, en un juicio civil en el que se les obligó a indemnizar a las víctimas con 54 millones de dólares.

Gracias a una ley estadounidense aprobada en 2004 que permite expulsar del país a violadores de derechos humanos, el Departamento de Seguridad de EE.UU. llevó el caso a un juzgado de inmigración, donde finalmente se ha dictado la deportación.

Los abogados de la defensa dijeron al New York Times que van a apelar la decisión del juez y se mostraron confiados en que el exministro será exonerado de todos los cargos, aunque el caso podría prolongarse durante meses en los tribunales.