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La defensoría denuncia responsabilidad estatal en la “masacre” en una cárcel boliviana

WUNI News
04/29/2014 7:11 PM

La Paz, 29 abr (EFE).- El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, denunció hoy que hubo responsabilidad del Estado en la “masacre” de 30 personas en un enfrentamiento entre reos ocurrido en agosto de 2013 en la cárcel de la ciudad oriental de Santa Cruz.

Esa fue una de las conclusiones de una investigación que realizó la Defensoría del Pueblo con respecto a la pelea ocurrida el 23 de agosto de 2013 en el penal de Palmasola, que dejó 33 muertos, incluidos un cubano, un peruano, un brasileño y un niño de 18 meses, además de 38 heridos de gravedad.

“En los luctuosos acontecimientos emerge la responsabilidad estatal por el incumplimiento del deber de custodia y resguardo de personas que se encuentran bajo su cuidado”, indicó Villena, según un comunicado de la Defensoría.

El funcionario agregó que también hubo una “directa participación de funcionarios policiales”, en concreto, del cabo encargado de las llaves del penal, quien abrió la puerta que conecta los bloques “fuera de horarios”, permitiendo el ingreso irregular de reos al sector donde ocurrió la refriega.

“(En Palmasola) hubo una masacre por más de una hora, en la cual no intervino ninguna autoridad policial y menos que se haya tomado el control sino hasta que la refriega hubiera acabado, momento en el cual recién la Policía boliviana habría ingresado al lugar”, manifestó.

Villena también denunció que algunas de las víctimas fueron torturadas física y mentalmente “con la aquiescencia y consentimiento de las autoridades penitenciarias, quienes inclusive habrían facilitado el ingreso de los atacantes”.

Según el defensor boliviano, este suceso fue “una de las acciones más trágicas y violentas registradas en las cárceles” del país y puso en evidencia “la gravedad de una crisis que se ha construido a lo largo de muchos años y que está lejos de concluir”.

La mayoría de las cárceles bolivianas funciona con un régimen abierto, sin celdas propiamente dichas, sino con viviendas que muchas veces son construidas por los reos y alquiladas o vendidas a otros presos, lo que motiva desigualdades entre los internos.

Además, está permitido que los reclusos vivan con sus hijos si es que no tienen otros familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

Villena recordó que Bolivia es el país con la mayor cantidad de presos sin sentencia en toda Latinoamérica (84 %), mientras que el nivel más bajo lo registra Chile (16 %).

Y añadió que el país también tiene una tasa de hacinamiento cercana al 200 %, pues los penales tienen una capacidad para 4.884 personas, pero albergan a 14.415, según el registro a diciembre de 2013.

El funcionario también denunció que el crecimiento de la población carcelaria en los últimos años ha hecho difícil mantener el control dentro de los penales, por lo que el “control de facto” es ejercido por algunos grupos de reos.

El informe del Defensor fue enviado a las autoridades, con la recomendación a la Fiscalía cruceña de que instruya una investigación del personal policial que se encontraba en Palmasola cuando ocurrió el enfrentamiento.

También plantea la necesidad de que el Ministerio de Gobierno elabore una política de “prevención de situaciones críticas” en las cárceles y pide a la cartera de Salud que efectúe las acciones pertinentes para “el restablecimiento de la integridad física, emocional y psicológica de las víctimas de los hechos”.