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La oposición denunciará a la presidenta argentina por no difundir datos de pobreza

WUNI News
04/29/2014 9:29 PM
Actualizada: 04/29/2014 7:52 PM

Buenos Aires, 29 abr (EFE).- La opositora Coalición Cívica denunciará penalmente este miércoles a la presidente argentina, Cristina Fernández, por la cancelación de la difusión de los datos oficiales de la pobreza correspondientes al segundo semestre de 2013, informaron hoy fuentes partidarias.

La fuerza opositora de centroizquierda dijo en un comunicado que presentará una querella contra Fernández y funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) por “la no publicación de la estadísticas de los argentinos que viven en la pobreza “, que debía realizarse la semana pasada y fue cancelada.

De acuerdo con la Coalición Cívica, la no difusión de esas cifras oficiales implica la “desaparición social de los argentinos que viven en la pobreza”.

La demanda llevará las firmas de los diputados Elisa Carrió, Fernando Sánchez y Pablo Javkin, la senadora Magdalena Odarda y la economista y exdiputada Fernanda Reyes, todos integrantes de la Coalición Cívica.

“Los pobres en nuestro país son desaparecidos sociales, el Estado no los reconoce y ha decidido negarlos”, sostienen los denunciantes.

Las cifras sobre la tasa de pobreza en el último semestre de 2013 son una incógnita desde que el pasado miércoles el Indec cancelara la difusión del informe.

Técnicos independientes y organismos no públicos calcularon que la tasa de pobreza es de entre el 25 % y el 36 %, frente al 4,7 % informado por el Indec para el primer semestre de 2013.

El Indec alegó que canceló la difusión del informe porque trabaja en nuevas metodologías para caracterizar de manera “más eficiente” las condiciones socioeconómicas de la población.

Según las cifras oficiales, la pobreza ha disminuido progresivamente desde el 57,5 %, el máximo que se registró en octubre de 2002, tras el estallido de la última crisis económica, una de las más severas que ha vivido el país.

Los datos del Indec son seriamente cuestionados por consultoras privadas y hasta por empleados del propio organismo desde que a inicios de 2007 el ente introdujo cambios metodológicos en la medición de la inflación.