Tráfico | T 70° H 65% | Powered by Yahoo! Weather

Nacionales | Noticias

La CIDH elogia las restricciones de jurisdicción militar en México

WUNI News
05/09/2014 4:19 PM
Actualizada: 05/09/2014 2:52 PM

Washington, 9 may (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elogió hoy la aprobación reciente en el Congreso de México de reformas al Código de Justicia Militar que restringen el fuero castrense.

A finales del mes pasado, ambas cámaras del Congreso mexicano aprobaron cambios al Código de Justicia Militar, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Con ello, se acotó el fuero militar atendiendo a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009.

Con estas modificaciones, los delitos del orden común o federal cometidos por militares quedaron excluidos de la Justicia castrense para ser dirigidos a los tribunales civiles.

“De conformidad con estas reformas, los casos de violaciones a derechos humanos de personas civiles cometidas por militares serán juzgados exclusivamente por el sistema de Justicia civil y no por tribunales castrenses”, destacó la CIDH.

La declaración añadió que la CIDH “valora esta reforma como un paso importante en la protección de los derechos fundamentales en México y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos”.

Estas protecciones son muy importantes “en lo referente a las garantías del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas y sus familiares”, agregó.

“La Comisión valora positivamente que la reciente aprobación de reformas al Código de Justicia Militar se da en el marco del cumplimiento por parte del Estado mexicano de las recomendaciones emitidas por esta comisión en su informe de país de 1998 y en el caso de las hermanas González Pérez, entre otros”, explicó el comunicado.

Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el 4 de junio de 1994 un grupo de militares mexicanos detuvo en Chiapas a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, junto a su madre Delia Pérez, todas indígenas tzeltales.

Durante las dos horas que estuvieron detenidas las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares, de acuerdo con ese grupo.

El 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores.

Pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso”, al tiempo que no se configuraron violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas.

La declaración de la CIDH añadió que las reformas aprobadas ahora por el Congreso dan cumplimiento a las reparaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otras cuatro sentencias: Rosendo Radilla (2009), Rosendo Cantú y otra (2010), Fernández Ortega y otros (2010), Cabrera García y Montiel Flores (2010).