Tráfico | T 58° H 67%

Latinoamérica | Noticias

La Iglesia católica denuncia que Argentina está “enferma de violencia”

WUNI News
05/09/2014 12:45 PM
Actualizada: 05/09/2014 8:20 PM

Buenos Aires, 9 may (EFE).- Argentina “está enferma de violencia”, denunció hoy la cúpula de la Iglesia católica del país en una severa declaración en la que advirtió que la “la corrupción es un cáncer social” y alertó sobre el avance del narcotráfico.

Bajo el título “Felices los que trabajan por la paz”, el documento elaborado por la Conferencia Episcopal argentina no escatima críticas sobre los distintos actores relacionados con la lucha contra la violencia y la inseguridad.

Los obispos condenan en términos contundentes la política carcelaria, la lentitud de la Justicia y rechazan los linchamientos públicos.

La declaración coincide con una polémica política sobre el malestar social provocado por la violencia, las responsabilidades de las distintas administraciones en el aumento de la delincuencia y el papel de las fuerzas de seguridad en el combate contra el crimen organizado.

Según la Conferencia Episcopal, “los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad” en Argentina.

Los obispos denuncian que “la lentitud de la Justicia deteriora la confianza de los ciudadanos en su eficacia”, pero son tajantes en su rechazo a los linchamientos públicos, como los ocurridos hace unas semanas en distintos puntos del país.

Pese a que la violencia y la inseguridad generan “enojo e indignación” entre la población, “de ninguna manera justifican respuestas de venganza o de la mal llamada ‘justicia por mano propia’”, advierte el documento.

“La corrupción, tanto pública como privada, es un verdadero ‘cáncer social’ (EG 60), causante de injusticia y muerte”, sostiene la declaración, que retoma un término utilizado por el papa Francisco para referirse al problema.

“Estos delitos habitualmente prescriben o su persecución penal es abandonada, garantizando y afianzando la impunidad. Son estafas económicas y morales que corroen la confianza del pueblo en las instituciones de la República, y sientan las bases de un estilo de vida caracterizado por la falta de respeto a la ley”, subraya.

La impunidad y la corrupción alientan la proliferación de “mafias del crimen organizado sin freno dedicadas a la trata de personas para la esclavitud laboral o sexual, el tráfico de drogas y armas, los desarmaderos de autos robados…”.

Los obispos critican además los pobres resultados de la política carcelaria: “La cárcel genera en la sociedad la falsa ilusión de encerrar el mal, pero ofrece pocos resultados”.

“Nos duele y preocupa que casi la mitad de los presos no tenga sentencia. La mayoría de ellos son jóvenes pobres y sin posibilidades para contratar abogados que defiendan sus causas”, agregan.

La Conferencia Episcopal considera que “urge en la Argentina recuperar el compromiso con la verdad, en todas sus dimensiones. Sin ese paso estamos condenados al desencuentro y a una falsa apariencia de diálogo”.

“El modelo para salir de situaciones de violencia es el canon de la escuela, la familia, el trabajo mismo, y en la medida que logremos fortalecer estas instituciones vamos a lograr una sociedad más pacífica, más justa y con más seguridad”, resumió el obispo Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal, en declaraciones a la cadena de televisión TN.

A su juicio, “no hay que centrarse en la foto del delito sino en la película completa, tener una visión más amplia para enfrentar el problema”.

Poco antes de la divulgación del documento, el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, denunció la existencia de una “campaña deliberada” para responsabilizar al Ejecutivo por la inseguridad y pidió al poder judicial una mayor “eficacia” para castigar los delitos.

Según el funcionario, “de nada vale el esfuerzo unilateral o individual de un poder del Estado, si los otros poderes del Estado solamente hablan”.

Capitanich pidió a los jueces “rapidez, eficacia y confiabilidad” a la hora de investigar y castigar a los delincuentes para que el trabajo de las fuerzas de seguridad no quede “incompleto”.

En la provincia de Buenos Aires, la más grande del país y la más castigada por la delincuencia -con 82 delitos por hora según estimaciones oficiales-, el gobernador Daniel Scioli, aspirante a suceder a Cristina Fernández en la Casa Rosada, ha convertido la lucha contra la inseguridad en uno de los pilares de su gestión.

Scioli ha declarado un “estado de emergencia” durante un año que incluye un aumento de la dotación material y de los recursos humanos destinados a “acorralar el delito”.