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Crece la tensión entre ecologistas y autoridades electorales de Ecuador

WUNI News
05/10/2014 11:41 AM

Quito, 10 may (EFE).- La tensión entre las autoridades electorales de Ecuador y el movimiento ecologista Yasunidos aumentó esta semana, al conocerse que la extracción de petróleo en una parte del Parque Nacional Yasuní no será sometida a consulta popular, como pretendían los activistas.

Para el Consejo Nacional Electoral (CNE) es una cuestión de derecho y de procedimiento, mientras que para los ecologistas de Yasunidos es mucho más que eso, comprometidos como están en la defensa del parque, enclavado en la Amazonía ecuatoriana y considerado una de las zonas de más alta biodiversidad del planeta.

Yasunidos pretendía que se sometiera a votación la extracción de crudo del subsuelo del bloque ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) impulsada por el presidente Rafael Correa tras el fracaso de un proyecto para dejar el petróleo bajo tierra a cambio de apoyo económico internacional.

Pero las firmas recolectadas por el movimiento ambientalista para promover la consulta popular no llegaron al 5 % del padrón electoral, como exige el reglamento que regula la convocatoria de estas votaciones, ya que el CNE sólo declaró como válidas 359.761 de las 583.324 necesarias.

El asunto, sin embargo, no parece haber terminado con la verificación de las firmas y el correspondiente informe del CNE, ya que los ‘yasunidos’, que aseguran que presentaron más de 700.000 firmas, anuncian movilizaciones y estudian presentar recursos en instancias nacionales e internacionales, algo a lo que el órgano electoral no parece tener miedo.

“En la corte internacional nos veremos”, dijo el presidente del CNE, Domingo Paredes, tras denunciar, al término del proceso de verificación de las firmas, la existencia de irregularidades en los documentos presentados por el colectivo ecologista.

Según el CNE, se hallaron autógrafos de dirigentes de Yasunidos repetidos hasta nueve veces, números de cédula incompletos, documentos de identidad sin nombre, firmas de personajes de ficción, signos musicales y otros símbolos, como ‘caritas felices’.

Paredes señala que esto “es para sentir vergüenza” y constituye “una falta de respeto al Estado, una falta de respeto a la dignidad del Consejo Nacional Electoral”, que ha anunciado que emprenderá las acciones legales pertinentes para que no se repitan irregularidades de este tipo.

Pero, si el CNE denuncia irregularidades en la presentación de las firmas, sus promotores contraatacan con una estrategia parecida y aseguran que el proceso fue irregular desde el momento en que presentaron los formularios con las firmas y se rompió la cadena de custodia de las cajas que contenían documentos.

“Hubo 38 grafólogos que calificaron 600.000 firmas en 4 días. ¡3 firmas por minuto!”, dijeron, por otra parte, los Yasunidos en su cuenta de Twitter, donde se quejaron, además, de que supuestamente se introdujeron formularios ajenos y de que personal del CNE trabajaba hasta la madrugada en el proceso, sin supervisión.

Los activistas, que denuncian también la anulación arbitraria de formularios, exigen que el CNE publique los nombres y firmas que no fueron aceptados.

El Gobierno ecuatoriano afirma que los recursos obtenidos de la explotación en la zona serán empleados para combatir la pobreza en el país, en particular en la región amazónica, y que con la extracción sólo se verá afectada una mínima parte del parque, de en torno al uno por mil, pero los ambientalistas niegan esta premisa.

Además, afirman que el Ejecutivo se refirió a la necesidad de defender a los pueblos en aislamiento voluntario que supuestamente habitan en la zona cuando buscaba recursos económicos a cambio de dejar el crudo bajo tierra y ahora “los indígenas aislados ya no existen”.

Las discrepancias, pues, son profundas en este debate pero, mientras el Ejecutivo parece decidido a seguir adelante con su proyecto de extracción petrolera, todo indica que restan por escribirse nuevos capítulos en esta historia de desacuerdos entre el Gobierno y los activistas en la que el órgano electoral, dirigido por un exfuncionario del Gobierno, tiene el papel de árbitro.