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La prensa argentina rechaza la aplicación de la Ley Antiterrorista a un periodista

WUNI News
05/12/2014 6:41 PM

Buenos Aires, 12 may (EFE).- Agrupaciones de prensa y defensoras de la libertad de expresión en Argentina rechazaron hoy la posible aplicación de la Ley Antiterrorista a un periodista, que grabó el arresto de un policía durante una negociación salarial en 2013.

El fiscal federal Pedro Simón acusa a Juan Pablo Suárez, director del periódico digital Ultima Hora de la ciudad norteña de Santiago del Estero, de “incitación a la violencia colectiva”, agravado por la “finalidad de aterrorizar a la población”, delitos contemplados en la ley antiterrorista aprobada en 2011.

En un comunicado, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) advierte de la aplicación de norma “como limitante de los derechos de libertad de expresión y condicionante del ejercicio del periodismo”.

“La ley no debe ser usada en contra de derechos humanos fundamentales, como el de expresarse a través de los medios de comunicación, ni para silenciar voces y opiniones”, indica Fopea.

De la misma manera, la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) expresa su preocupación “por la utilización de figuras penales de la ley antiterrorista contra periodistas”.

“Su aplicación podría generar graves lesiones a la vigencia de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la integran”, subraya en un texto publicado en su página web.

En declaraciones a los medios, Suárez, que estuvo más de una semana detenido después de publicar la información y el vídeo con el “brutal” arresto del policía, denunció que lo sucedido se trata de “una persecución del kirchnerismo”.

“Vienen por nosotros, no por un director, porque yo sólo soy el botón de muestra. A cualquiera que se atreva a contradecir al poder le puede pasar ésto, buscan la autocensura”, aseveró.

De aplicarse la ley, Suárez podría afrontar una pena de 6 a 12 años de cárcel.

“No tengo miedo de ir preso, prefiero 12 años de cárcel a una vida de rodillas”, afirmó el periodista, que será citado a declarar en los próximos días.

La ley antiterrorista fue aprobada en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo de Cristina Fernández en diciembre de 2011.

La normativa incorpora como agravante de todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Sin embargo, aclara que las agravantes no se aplicarán cuando “los hechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.