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Comienza el juicio por un enfrentamiento de 2009 entre indígenas y el Gobierno en Perú

WUNI News
05/13/2014 7:11 PM

Lima, 13 mar (EFE).- Un tribunal de la provincia selvática peruana de Bagua comenzará mañana un juicio oral contra 53 personas por el llamado “baguazo”, que en junio de 2009 dejó 33 muertos y un desaparecido en medio de las protestas de indígenas contra el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

En el “baguazo” murieron en total 23 policías y 10 civiles, mientras que un mayor de la Policía fue dado por desaparecido, aunque el proceso que comenzará mañana se remitirá a los sucesos en la “Curva del diablo”, como se conoce a una zona por donde se accede a Bagua, donde murieron 12 policías, 5 civiles y desapareció el mayor.

Los otros fallecidos, en su mayoría policías, murieron durante la toma de un lote petrolero en el interior de la provincia.

La intervención policial también dejó unos 200 heridos, 83 de ellos de bala, en las localidades de Bagua y Utcubamba, los lugares hacia donde se dirigió la represión de la protesta indígena.

En medio de los pedidos de organismos civiles y de derechos humanos para que durante el juicio se respete el “debido proceso”, hoy un colectivo civil publicó un comunicado en el que exigió “justicia para los inocentes procesados.”

Según el comunicado, firmado por el colectivo “Yo soy Bagua”, luego de los violentos enfrentamientos se abrieron siete procesos judiciales, de los cuales “solo uno investiga las responsabilidades de las fuerzas policiales que participaron en el operativo.”

“Luego de 5 años de los hechos acontecidos en Bagua y lugares aledaños los familiares de las víctimas y los heridos, tanto de las fuerzas policiales como de los indígenas y mestizos afectados, aún esperan por justicia”, remarcó el colectivo.

El juicio incluye un pedido fiscal de condenas a cadena perpetua para varios procesados, entre ellos Alberto Pizango, el líder visible de las protestas, quien tras los sucesos se asiló en Nicaragua hasta mayo de 2010, mientras la justicia peruana lo requería por los cargos de sedición, conspiración y rebelión.

El pasado viernes, Pizango lamentó en una rueda de prensa los sucesos de 2009, pero también pidió que se absuelva a los procesados y se detenga la criminalización de las protestas de los indígenas.

Tras los sucesos en Bagua, varias organizaciones civiles denunciaron que se había producido un “genocidio” de indígenas, lo que generó un escándalo internacional que fue rechazado por el gobierno de García.

El 19 de junio de 2009 el relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, afirmó en Lima que no existían elementos para hablar de genocidio, pero recomendó que los sucesos fueran investigados por una comisión independiente.

En marzo de 2011 la justicia militar emitió penas de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) contra dos generales de la Policía y uno del Ejército, que dirigieron los operativos por “omisión del cumplimiento del deber en función operativa”

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha enviado a Bagua a sus máximos representantes, Miguel Jugo y Rocío Silva, con la intención de hacer un seguimiento del proceso, que el organismo considera “histórico”.

La Defensoría del Pueblo también ha recomendado a las autoridades judiciales que adopten las “garantías que permitan el desarrollo adecuado del proceso penal” y exhortó a que la sala judicial tenga “competencia exclusiva” en el caso y se cuente con intérpretes en lenguas indígenas.