Tráfico | T 62° H 65%

Latinoamérica | Noticias

Nuevas alianzas, vuelcos en los sondeos y líos judiciales en la campaña colombiana

WUNI News
05/13/2014 3:51 PM
Actualizada: 05/13/2014 9:00 PM

Bogotá, 13 may (EFE).- La campaña electoral colombiana ha dado un giro radical en las últimas semanas y ha pasado de ser una de las más apáticas de la historia del país a acumular el mayor número de escándalos aderezados con nuevas alianzas, inesperados vuelcos en los sondeos y enredos judiciales.

A menos de dos semanas para la cita en las urnas del 25 de mayo, los aspirantes acumulan una actividad cada vez más frenética y proliferan punzantes declaraciones y decisiones electorales, como las protagonizadas hoy por el candidato-presidente, Juan Manuel Santos.

La jornada comenzó con el rumor de que el movimiento progresista que lidera el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que forma parte de la Alianza Verde que tiene como candidato a Enrique Peñalosa, iba a apoyar la reelección de Santos después incluso de recientes roces entre el burgomaestre y el presidente por el caso de la destitución.

Horas después, el Movimiento Progresistas de Petro y el Partido Liberal, que integra la coalición oficialista de Santos, presentaron oficialmente un acuerdo programático que elevarán al presidente y que en la práctica confirma los apoyos que se habían rumoreado.

Por otro lado, en calidad de presidente y no de candidato, Santos anunciaba a través de una teleconferencia la restitución de dos bonificaciones para militares y policías de bajo rango como reconocimiento por sus servicios y para desmentir las versiones que afirman que el proceso de paz perjudicará a la fuerza pública.

Sus críticos no tardaron en reaccionar, y mientras Peñalosa calificó el acto como una expresión de “politiquería” que aparece a poco más de diez días de las elecciones, el principal opositor de Santos, el expresidente y senador electo Álvaro Uribe, le recordó que “las Fuerzas Armadas tienen valores, no precio”.

El candidato verde no fue tan contundente al responder en una rueda de prensa sobre la decisión del sector progresista de pactar con la campaña de reelección de Santos y aclaró que “no es una adhesión porque si lo fuera significaría doble militancia” en la Alianza Verde.

“Tenemos (el apoyo de) muchos líderes progresistas que nos dan un apoyo maravilloso”, defendió Peñalosa.

Estos intentos de reforzar la opción del santismo se presentan justo un día después de que las encuestas exhibieran un vuelco en la intención del voto que por primera vez no cuentan con el presidente-candidato como opción favorita.

Según el más reciente sondeo del Centro Nacional de Consultoría, el candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, obtendrá un 24 % de los votos en primera vuelta, seguido por Santos con un 22 %, y ambos pasarían a la segunda ronda del 15 junio, en la que Zuluaga obtendría el 42 % de los sufragios y el mandatario, el 34 %.

En la primera vuelta, por detrás de Santos seguiría el candidato de la Alianza Verde, Enrique Peñalosa (13 %), mientras que la izquierdista Clara López y la conservadora Marta Lucía Ramírez obtendrían un 9 % cada una.

Precisamente han sido las campañas de Santos y Zuluaga las dos que se han visto envueltas en sendos escándalos de “guerra sucia” revelados la semana pasada y que han tenido consecuencias judiciales.

El que afecta a Santos costó la dimisión de un asesor que ejerció como mediador en un frustrado intento de sometimiento de narcotraficantes en 2011 y que, según denunció un capo, se hizo a cambio de 12 millones de dólares, tras lo que Uribe lanzó una hipótesis sobre un posible caso de financiación ilegal de la deuda de la anterior campaña del presidente.

Precisamente para ampliar esa denuncia fue citado dos veces por la Fiscalía, y este martes compareció sólo para cumplir con la convocatoria y afirmar que entregaría las pruebas a la Procuraduría al considerar que el ente acusador no le da garantías.

El escándalo que involucra a la campaña de Zuluaga tiene como protagonista a un pirata informático detenido por la Fiscalía y acusado de interceptar ilegalmente correos electrónicos con el supuesto propósito de sabotear el proceso de paz del Gobierno de Santos con las FARC.