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Gobierno Puerto Rico sospecha grandes empresas acordaron no pagar impuestos

WUNI News
05/14/2014 6:51 PM
Actualizada: 05/14/2014 7:18 PM

San Juan, 14 may (EFEUSA).- Mientras el Gobierno de Puerto Rico investiga si parte de las grandes empresas locales pactaron no pagar a tiempo sus impuestos, el sector privado, junto a universidades y legisladores, tratan de diseñar su propia agenda para superar la crisis y mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.

El hecho de que, a falta de menos de dos meses para que termine el ejercicio fiscal, la Hacienda puertorriqueña haya recaudado 400 millones menos de lo previsto, en gran parte debido a retrasos en las declaraciones de las grandes empresas, ha disparado las sospechas del Gobierno, que asegura estar “investigando” los motivos de ese desajuste.

Para el principal partido de la oposición, el Partido Nuevo Progresista (PNP), esas sospechas son una muestra de que el Gobierno ve al sector privado como su “enemigo”, algo que no ayuda encontrar vías para superar la crisis que asfixia la economía de la isla.

“Insinuar que las corporaciones actuaron de forma concertada para pedir prórroga en la radicación de sus planillas contributivas y concluir que todas violaron la ley es falso y una irresponsabilidad”, dijo hoy el senador del PNP Antonio Soto.

En su opinión, “una vez más, la Administración intenta echarle la culpa al sector privado por los resultados nefastos de sus acciones”.

Para la Cámara de Comercio de Puerto Rico, que aglutina a un gran número de empresas locales, la sustancial diferencia entre las previsiones y la recaudación real es prueba de que la llamada patente nacional -un impuesto de nueva creación sobre los ingresos de las grandes empresas- nunca debió ser aprobada.

El sector privado propone que esa tasa se elimine y reclama que, hasta entonces, se establezca un límite para que ninguna compañía tenga que pagar por ella este año más del 40 % de sus ingresos netos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Jorge Cañellas, explicó hoy que, tal y como viene advirtiendo desde hace tiempo, esa tasa tiene un efecto disuasorio entre las grandes empresas que, por las características de sus negocios, tienen muchos ingresos pero pocos beneficios.

Cañellas dijo que el hecho de que el 53 % de las prórrogas corporativas solicitadas a Hacienda no estuvieran acompañadas del pago de impuestos se puede deber a “un bajón en los ingresos de las empresas o que sencillamente algunas de ellas no tienen el flujo de efectivo necesario” para hacer frente al nuevo impuesto.

La Cámara de Comercio propone eliminarlo para el próximo ejercicio fiscal, que comienza el 1 de julio, y a cambio subir el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), algo que tendría un “impacto compartido por todos los puertorriqueños, incluyendo los que devengan ingresos de la economía subterránea, sea legal o ilegal”.

En ese sentido, Cañellas recordó en un comunicado que el impuesto equivalente al IVU en otros países como España, República Dominicana o Argentina ronda el 20 %, mientras que en Puerto Rico es del 7 % y está “lleno de exenciones”, lo que se suma a una elevada evasión.

“El enfoque de dónde recae el impuesto tiene que cambiar”, defendió el empresario, que también propuso hoy cambiar el modelo para que, tal y como ocurre en otros países, el IVU se pague inmediatamente en el punto de venta a Hacienda y se mejore la fiscalización para reducir la economía subterránea.

También apostó por “proveer un alivio del alza en el IVU a los contribuyentes de menores ingresos” y eliminar también el impuesto sobre los servicios entre negocios.

Algunas de las grandes empresas de la isla también participaron hoy, junto a las delegaciones legislativas de los principales partidos políticos, la Administración y las principales universidades, en la firma del llamado Pacto para el Diálogo por Puerto Rico.

Se trata de una iniciativa que busca diseñar un Plan de Desarrollo Socioeconómico de Puerto Rico con una amplia participación ciudadana que se apoye en la innovación para crear un sistema económico fuerte y una mejor calidad de vida en la isla.

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, dijo que se trata de una iniciativa “histórica” por la gran cantidad de intereses que une en pro de una causa común.