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Presiones de grupos de poder limitan la independencia judicial en Centroamérica

WUNI News
05/24/2014 11:11 AM
Actualizada: 05/24/2014 4:00 PM

San Salvador, 24 may (EFE).- Las presiones de grupos de poder político y económico y del crimen organizado limitan la independencia judicial y fortalecen la impunidad en Centroamérica, dijeron jueces de la región y España a Efe.

Es “innegable” que la justicia centroamericana ha mejorado a través del tiempo, pero el problema es la “interferencia” de los grupos de poder, sobre todo en los casos fuertes, indicó el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, quien en 2013 ordenó procesar al exgeneral golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt.

El caso de Ríos Montt es un claro ejemplo de cómo la presión política y militar terminó momentáneamente favoreciendo al exmandatario guatemalteco.

Ríos Montt fue condenado en 2013 a 80 años de prisión por el genocidio de 1.771 indígenas de la etnia Ixil, pero la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial de Guatemala, anuló esa sentencia alegando fallos procesales, por lo que nuevamente será enjuiciado en enero de 2015.

Las presiones de los grupos de poder inciden en este tipo de procesos relacionados con el conflicto armado (1960-1996), el crimen organizado y estructuras trasnacionales, añadió Gálvez.

Gálvez participó esta semana en San Salvador en una conferencia sobre independencia judicial e impunidad en Centroamérica.

Según el director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica, con sede en Guatemala, Ramón Cadena, los procesos democráticos que en la región desde finales del siglo XX y principios del XXI han repercutido favorablemente en los organismos judiciales.

Pero esos organismos siguen teniendo una debilidad estructural, que los mismos estados siguen sin querer “combatir”, afirmó.

Cadena lamentó que los partidos políticos centroamericanos aún no deciden dejar que se desarrolle el poder judicial en forma independiente, ya que lo único que quieren es incidir para garantizarse impunidad en el futuro.

Esto sigue siendo un problema a nivel centroamericano, por lo que, pese a los avances en el sistema judicial, la “impunidad sigue latente” en la región, reconoció.

Y aunque hay esfuerzos muy grandes de la sociedad civil centroamericana para luchar en contra de la impunidad, también hay una represión muy fuerte, expresó Cadena.

Además, los jueces, si bien han avanzado en su trabajo, también sufren represión muy fuerte de parte de entidades estatales y paraestatales a la hora de aplicar la justicia, señaló.

La impunidad en la región no sólo es evidente en los casos de cierta relevancia política, sino también en los de la vida diaria, como las muertes violentas, que son “preocupantes”, dijo a Acan-Efe el comisionado de la CIJ, el español José Antonio Martín Pallín.

Pese a todo, en la actualidad la justicia centroamericana es más capaz que en años anteriores de tocar algunas figuras públicas implicadas en delitos, en unos países más que en otros.

Por ejemplo, un avance importante es que Guatemala condenó a Ríos Montt, aunque esa sentencia haya sido revocada, destacó Pallín.

Al menos Guatemala ya tocó ese punto de los delitos de lesa humanidad que se cometieron duran su conflicto armado, precisó el presidente del Foro de Jueces Democráticos e Independientes de El Salvador, Leonardo Ramírez.

Por el contrario, en El Salvador ni siquiera a eso se ha llegado, pues todos los crímenes del conflicto armado (1980-1992) siguen en la impunidad, agregó.

La guerra civil en El Salvador dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados.

Aunque El Salvador sigue sin avanzar en la judicialización de los crímenes cometidos durante la guerra, al menos hoy está procesando legalmente a exfuncionarios acusados de corrupción, entre ellos el expresidente Francisco Flores.

Flores, que es acusado de haberse apropiado de unos 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su administración (1999-2004), se ha convertido en el primer expresidente juzgado por la justicia salvadoreña y el primero sobre el cual se ha aprobado pedir su extradición.

La orden, aprobada el jueves por el tribunal supremo, se enviará a Panamá, ya que hay indicios de que podría estar en ese país, cuyas autoridades no lo han negado ni confirmado.