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La CorteIDH juzga a Argentina por un proceso a militares acusados de fraude

WUNI News
05/27/2014 11:18 PM
Actualizada: 05/27/2014 11:01 PM

San José, 27 may (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó hoy una audiencia pública por una demanda contra el Estado argentino por supuestas violaciones al proceso judicial que enfrentó un grupo de militares acusados de fraude en 1980.

La secretaria adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Elizabeth Abi-Mershed, afirmó a los jueces que el caso es “un reflejo de las deficiencias del Código de Justicia Militar (CJM)” y de prácticas derivadas que “afectaron a militares en servicio activo o acusados” en Argentina.

Según la representante de la CIDH, ente que eleva los casos a la Corte, el Estado argentino violó los derechos a la libertad personal, a la defensa y a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable a una veintena de militares.

Abi-Mershed manifestó que los oficiales estuvieron bajo prisión preventiva por 7 u 8 años, no tuvieron acceso a un defensor letrado, fueron incomunicados y las sentencias dictadas fueron mucho menores al tiempo que permanecieron en prisión preventiva.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas emitió la sentencia contra los militares en 1989, en la cual ordenó para la mayoría de los acusados penas de prisión comprendidas entre dos años y cuatro años y medio, mientras que para los demás impuso entre cinco y siete años.

En 1995, tras numerosos recursos de revisión, la Cámara Nacional de Casación Penal dictó sentencia sobre este caso.

En la audiencia de este martes los jueces escucharon al perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, Marcelo Solimine, y al experto propuesto por el Estado, Armando Bonadeo, quienes se refirieron al CJM, que estuvo vigente al momento de los hechos, y el funcionamiento de los tribunales militares.

En los alegatos finales, los representantes del Estado pidieron a las jueces inhibirse de conocer hechos ocurridos antes de 1984, año que en Argentina suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos y reconoció la competencia de la Corte.

También afirmaron que las presuntas víctimas no agotaron los recursos internos del país al no solicitar indemnizaciones por las vías existentes y negaron que una infructuosa negociación para una solución amistosa abierta entre 2005 y 2007, se tratara de una práctica dilatoria.

El agente del Estado argentino, Ramiro Riera, aseguró que “ninguno de los peticionarios puso un pie en una cárcel”, pues la privación preventiva de la libertad la cumplieron en un “régimen especial en las bases de las Fuerzas Armadas”.

Agregó que esa medida era necesaria porque de lo contrario los imputados seguirían integrando los lugares de trabajo donde cometieron delitos, y porque había “certeros riesgos de que se entorpezca la investigación”.

Sobre lo prolongado de la prisión preventiva, afirmó que el CJM (derogado en el 2008) no establecía un plazo máximo y que eso no supone una violación de derechos humanos continuada en el tiempo.

Riera calificó como excesiva la petición de indemnización de las presuntas víctimas por un total 15 millones de dólares.

Por su parte, los representantes de las presuntas víctimas aseguraron que bajo el CJM no hubo garantías del debido proceso, los jueces no eran imparciales ni independientes y que los imputados no tuvieron acceso a la defensa.

“Durante todo el procedimiento no garantizó un juez independiente e imparcial, ni una defensa técnica y por ello el Estado debe reparar los daños ocasionados”, expresó la representante de las presuntas víctimas, Clara Leite.

Leite dijo que esas indemnizaciones deben reconocer los ingresos retenidos durante el tiempo que los militares estuvieron detenidos sin sentencia, el lucro cesante, así como el sufrimiento vivido por ellos y sus familias.

Después de la audiencia de hoy, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito a la CorteIDH y a partir de allí los jueces contarán con todos los elementos para emitir un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido.

La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del ente hemisférico.