Tráfico | T 55° H 96%

Mundo

Los jueces y fiscales de Venezuela temerosos de desobedecer al poder político, según un informe

WUNI News
06/05/2014 10:45 AM
Actualizada: 06/05/2014 10:51 AM

Ginebra, 5 jun (EFE).- Jueces y fiscales de todas las instancias en Venezuela temen desobedecer al poder político y ser no sólo removidos de sus cargos, pues la gran mayoría tienen nombramientos temporales, sino blanco de represalias, según un informe de la Comisión Internacional de Juristas presentado hoy.

Destacados miembros de la CIJ presentaron el informe más completo elaborado hasta la fecha sobre el funcionamiento del Poder Judicial en Venezuela, país que atraviesa una crisis política agudizada por las protestas estudiantiles.

Los miembros de la Judicatura “tienen miedo de desobedecer las órdenes políticas”, afirmó el jurista venezolano Carlos Ayala en la presentación del informe a la prensa.

El documento refleja la profunda sumisión de la Justicia venezolana a los dictados del Gobierno, que “la utiliza para reprimir las protestas estudiantiles” de los últimos meses y “garantizar impunidad” a los agentes de las fuerzas del orden involucrados en abusos.

Ayala reveló que 1.500 estudiantes que participaron en manifestaciones fueron imputados y ahora están sometidos a diversas restricciones, como tener prohibido participar en protestas o reuniones públicas pacíficas y hablar con periodistas, con riesgo de ir a la cárcel en caso de desobedecer.

Además, 160 jóvenes estudiantes están en prisión y sin posibilidad de ser visitados por representantes de entidades independientes que supervisen el trato de reciben.

Las autoridades de Venezuela han rechazado las peticiones de diversas instancias internacionales, incluidos expertos de la ONU, para visitar a los estudiantes, comentó Ayala.

Igualmente, el Gobierno no respondió a los contactos que establecieron los miembros del equipo de la CIJ que preparó el informe a lo largo de numerosos talleres y encuentros con más de un centenar de exjueces, antiguos fiscales y abogados en tres regiones del país.

A los magistrados en funciones no se les permitió participar, según dijo el secretario general de esta entidad, Wilder Tayler.

Sobre el líder opositor Leopoldo López, detenido en Caracas y enjuiciado hoy por su presunta responsabilidad en incidentes violentos ocurridos en febrero, Ayala consideró que se trata “de un ejemplo más de cómo se usa la judicatura contra los políticos”.

Denunció que las condiciones de detención de López son particularmente rígidas al encontrarse confinado en una instalación militar, en aislamiento “y sin contacto, ni siquiera con su abogado”, además de tener restringidas las visitas, que se limitan a su esposa y padres.

Por su parte, Pedro Nikken, miembro honorario de la CIJ, dijo que la situación de la judicatura en Venezuela supone que “no hay mecanismos de solución de conflictos en la sociedad” y que “hay un número récord de crímenes que no se investigan ni sancionan”.

“En lugar de eso, varios cientos de estudiantes son procesados por salir a las calles para defender su futuro”, lamentó.

Según datos recolectados por la CIJ, al menos 15.000 personas mueren anualmente en el país de forma violenta, lo que, junto con otros índices de criminalidad, hace de Venezuela uno de los países más violentos de América Latina.

Sin embargo, de todos los crímenes “el 90 por ciento quedan impunes, no son investigados ni sancionados debido a la falta de eficiencia del sistema judicial, lo que tiene como consecuencia alentar la violencia”, constató la CIJ.

El informe revela igualmente que, de poco más de 1.900 jueces en Venezuela -aparte de los 37 supremos-, el 70 por ciento han sido nombrados sin haber participado en concursos públicos y su precariedad es tal que para removerlos se requiere una simple comunicación escrita.

Cada año, según la CIJ, son removidos de sus puestos unos 300 jueces.

La situación en el Ministerio Público es todavía más inquietante, expuso Ayala, ya que, “de 1.500 fiscales, prácticamente ninguno es titular”.

“La falta de estabilidad y transparencia de los fiscales (…) ha limitado la posibilidad o la voluntad de éstos de llevar a los autores de los delitos ante la justicia”, según los juristas.