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Los gobiernos regionales no fiscalizan la minería ilegal en Perú, señala un informe

WUNI News
06/17/2014 4:50 PM

Lima, 17 jun (EFE).- Los gobiernos regionales en Perú no cumplen con la labor de supervisar a las personas y empresas dedicadas a la minería artesanal e ilegal en el país, ni reportan estas actividades a las entidades competentes, reveló hoy un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

En Perú, las entidades de fiscalización ambiental son los 25 gobiernos regionales y la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, pero en una evaluación de la OEFA ninguna entidad aprobó la evaluación de desempeño.

El informe de cumplimiento de los gobiernos regionales en 2013 señaló que los resultados muestran un mayor cumplimiento de las exigencias formales, como establecer las funciones de fiscalización minera en el Reglamento de Organización y Funciones de las entidades públicas.

Sin embargo, la mayoría de las entidades no ejecutan supervisiones a las personas naturales o jurídicas sujetas a la formalización, no identifican ni comunican a los órganos competentes la actividad minera en zonas prohibidas y no inician procedimientos administrativos sancionadores contra presuntas infracciones ambientales.

Las regiones de Madre de Dios, Arequipa y Puno, donde hay fuerte presencia de la minería ilegal, tienen un porcentaje de cumplimiento de 16 %, 23 % y 26 % de sus labores de fiscalización, según la evaluación de la OEFA.

El organismo fiscalizador recomendó en su informe revisar las actuales condiciones para ser considerado un pequeño productor minero porque “la extensión de la concesión y la capacidad instalada de producción a la que tiene derecho un pequeño productor minero resulta excesiva para la capacidad de control actual”.

La OEFA añadió que se debe supervisar directamente a las personas o empresas sujetas a formalización y a las actividades que constituyen minería ilegal.

El ministro peruano del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, pidió al Congreso aprobar el proyecto de ley que establece la fiscalización de las plantas que procesan oro obtenido de forma ilegal.

“Gran parte del problema de la minería ilegal se debe a plantas de procesamiento que justamente capturan este oro, lo procesan y luego lo legalizan”, declaró Pulgar Vidal, tras la presentación de la OEFA.