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El Gobierno de Varela se estrena con un paquete de medidas de ayuda social

WUNI News
07/02/2014 5:02 PM
Actualizada: 07/03/2014 12:51 AM

Panamá, 2 jul (EFE).- El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, lideró hoy su primer consejo de gabinete, que aprobó medidas para que el agua potable llegue al 100 % de la población, disminuir la delincuencia dando oportunidades a los jóvenes y aumentar ayudas a personas mayores pobres y estudiantes.

Varela, investido el martes pasado, y sus ministros, aprobaron presentar ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) varios proyectos de ley “dirigidos a mejorar la calidad de vida de miles de panameños”, según un comunicado de la Presidencia.

El primer decreto suscrito pretende “dotar a todo el país de agua potable las 24 horas, y eliminar las letrinas a nivel nacional con la construcción de baños higiénicos en más de 300.000 hogares, para mejorar la calidad de vida de más de un millón de panameños”.

Varela indicó que se deberán identificar las primeras 15.000 casas que se beneficiarán de la medida en el distrito capitalino de San Miguelito, donde se celebró el primer consejo de gabinete, pero no se informó sobre las herramientas, presupuesto u organigrama de la medida.

El ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, presentó el plan de seguridad “Más Oportunidades, Mano Firme”, con el que se busca prevenir y combatir la delincuencia “cambiando la vida en los barrios olvidados donde muchos panameños no tienen oportunidades y la delincuencia se convierte en su camino”.

Según ese plan, del que tampoco se ofrecieron detalles prácticos de cómo se llevará a cabo, se renovarán la ciudad de Colón, San Miguelito “y otros barrios olvidados” dotándolos de viviendas dignas con acceso a servicios básicos de salud, educación, deporte y cultura.

El plan incluye la construcción de cuatro nuevas escuelas vocacionales, crear más oportunidades de empleos, educación y capacitación y apoyo social “para hacer barrios seguros con esperanza”, indica el comunicado de Presidencia.

Aunque parezca más una declaración de intenciones que un proyecto concreto, el plan de seguridad contempla aumentar la presencia de la policía comunitaria en los barrios “bajo el cumplimiento estricto de la ley con certeza de castigo y la construcción de Centros Penitenciarios que sean verdaderos reformatorios, para sacar a los delincuentes de las calles”.

El propio presidente “expresó al titular de Seguridad que se debe ser específico”, explica la comunicación oficial.

Tratando de hacer más específico el plan, Valera instó a “dar tres meses a los integrantes de bandas para que se desmovilicen, se capaciten en oficios productivos y se incorporen en el mercado laboral en la ocupación que escojan, entre las que mencionó el sector de turismo y la construcción”.

Más concreto que los anteriores es el proyecto de ley aprobado para amplía la cobertura de un programa que ofrecía 100 dólares mensuales a los pobres mayores de 70 años, y que ahora será de 120 dólares para los mayores de 65 años.

Según el ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, la medida aumenta el número de beneficiarios de esa ayuda en camino a “darle respuesta a los descamisados del país”.

Vásquez, quien anunció que realizará una auditoría a todos los programas de su ministerio, aseguró que en los últimos años este programa fue utilizado “para administrar pobreza y no para combatir la pobreza”.

La vicepresidenta de la República, Isabel Saint Malo de Alvarado, exhortó a Vásquez a unificar las bases de datos de los programas existentes en su ministerio y a que se verifique el cumplimiento por los ciudadanos de los compromisos que adquieren al recibir las ayudas del Estado.

“El programa se otorga a una familia que cumple una condicionalidad y deja de aportarse cuando la familia sobrepasa ese nivel, porque hay otras familias que necesitan recibir”, subrayó la vicepresidenta.

También se aprobó aumentar la asignación y cobertura de las becas estudiantiles basadas en el mérito y crear nuevas oportunidades de financiación educativas y apoyar la construcción de centros deportivos comunitarios.

Finalmente, se acordó contratar una firma de abogados que represente al Estado panameño en los procesos judiciales que se siguen en Italia por corrupción, en relación a servicios prestados por empresas italianas a la República de Panamá.