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Polémico código penal de Ecuador entra en vigor para “revolucionar” la justicia

WUNI News
08/10/2014 5:09 PM
Actualizada: 08/10/2014 7:31 PM

Quito, 10 ago (EFE).- El nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador entró hoy en vigor con el afán de “revolucionar” la justicia en el país, según el oficialismo, aunque ha levantado críticas de la oposición que ve el riesgo de un mayor nivel punitivo del Estado.

El COIP nace, además, como una esperanza para cientos de presos pues esta normativa abre la posibilidad de la puesta en libertad antes de lo previsto de personas condenadas por consumo de drogas o que hayan sido detenidas portando cantidades mínimas de ese tipo de sustancias.

Sin embargo, para los sectores de la oposición asuntos polémicos como penas a quienes generen pánico financiero, el delito contra la honra y el de rebelión podrían dar lugar interpretaciones jurídicas que pudieran poner en riesgo derechos como el de la libertad de expresión.

La legisladora oficialista Paola Pabón, lo contradice y, más bien, aseguró a Efe que el COIP era una necesidad, ya que, entre otros asuntos, es “la primera vez que se integran 700 normas penales dispersas en toda la legislación” en un sólo cuerpo legal.

Pabón, que señaló que el código busca “revolucionar” la justicia, destacó también la inclusión de nuevos delitos como el feminicidio, el maltrato a animales, la violencia intrafamiliar y el llamado “secuestro express” (por algunas horas), que no se tipificaba en la antigua legislación.

“Las sociedades evolucionan y también hay una evolución del delito”, por lo que, “sin duda, es un paso importante y es un avance” la actualización de la normativa penal, remarcó.

En el caso de delitos relacionados con drogas, el nuevo código establece unas escalas para castigar ese delito, dependiendo de las cantidades.

El titular de la Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño, justificó esa visión y recordó que el antiguo código penal no hacía diferencias sobre las cantidades de drogas para establecer las condenas.

Se imponían las mismas penas si el procesado era encontrado con diez gramos de marihuana o con diez toneladas, recordó Pazmiño al señalar que el COIP ha establecido escalas “mínima”, “mediana”, “alta” y “gran escala”.

La “mínima” se pena con entre dos y seis meses de cárcel, la “mediana” de uno a tres años, la “alta” de cinco a siete y la “gran escala” con hasta 13 años.

Por ejemplo, la “escala mínima” considera volúmenes de entre 0 y 50 gramos de cocaína y entre 0 y 300 gramos de marihuana, explicó Pazmiño tras señalar que con la entrada en vigor del COIP algunos presos condenados podrían recuperar la libertad antes de lo previsto.

Por ejemplo, dijo, una persona que haya sido sentenciada a ocho años de cárcel por portar 40 gramos de droga y ya haya superado el tiempo en prisión establecido en el COIP, podrá recuperar la libertad.

No obstante, Pazmiño aclaró que “los peces gordos (condenados por narcotráfico) no van a salir de prisión”.

De su lado, el asambleísta opositor Luis Fernando Torres aseguró que con el nuevo cuerpo penal podría haber “más poder punitivo del Estado”.

Fundamedios, una fundación sobre libertad de expresión que ha sido crítica al Gobierno, fue más allá y expresó su temor de que el COIP pueda “limitar el derecho a la libertad de expresión y ser una herramienta de persecución de ciudadanos críticos con el poder”.

La discriminación como delito, el pánico financiero, la difusión de información restringida, el delito contra la honra y el de rebelión dejan abierto un gran portón a la interpretación de los jueces, opinó Fundamedios.

Pabón considera que esos temores de la oposición no se justifican, aunque reconoció que durante el debate en la Asamblea Nacional (Parlamento) se registraron momentos de inquietud de la ciudadanía en algunos campos que, según ella, ya fueron resueltos oportunamente.

“Ahora que entró en vigor esperemos los resultados y el uso del nuevo código, no sólo por parte de los ciudadanos sino, sobre todo, por lo operadores (administradores) de justicia que serán quienes harán uso” de la normativa, apostilló la legisladora oficialista.

Hay que “darle un poco de tiempo a la administración de justicia” para que se compenetre con la normativa, indicó Pabón al remarcar que “no hay nada que temer” porque el COIP busca cumplir con una de las normas constitucionales: “Acceder a una justicia penal con celeridad y evitar la impunidad”.