Lima, 8 sep (EFE).- El último decreto que regula las sanciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y policías puede establecer "una tendencia" hacia la impunidad en Perú, alertó hoy en Lima el relator de la ONU para el terrorismo y derechos humanos, Martin Scheinin.
"No convendría decir que Perú sea un país de impunidad, pero hay una tendencia, una veta de impunidad en la sociedad peruana. Hay una división muy clara acerca de si se debe seguir adelante con los enjuiciamientos o si sería mejor poner debajo de la alfombra (estos procesos), lo que sería equivalente a la impunidad", dijo Scheinin.
El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quien culminó hoy una visita a Perú de ocho días, se refería al reciente decreto legislativo 1097, que fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales.
El 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si no se dicta sentencia en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
Para Scheinin, este decreto "parecería someter a prescripción" los procesos penales contra perpetradores de delitos de lesa humanidad" cometidos antes de 2003, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el tribunal Constitucional de Perú han exigido que se lleven a juicio estos delitos independientemente de un plazo límite.
Además, "parecería imponer un plazo estricto irrazonable para los casos de delitos de lesa humanidad", lo que "probablemente dará pie a violaciones del Derecho internacional", acotó en una rueda de prensa en Lima.
Scheinin señaló que las repercusiones de este decreto ha sido ampliamente discutidas con altos representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Perú, así como representantes de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos.
El relator de la ONU consideró que el 1097 podría afectar a "unos cuantos" procesos que están en la etapa oral y de ninguna manera a los procesos en los que ya se dictó sentencia, pero sí tiene "más posibilidades" de afectar a casos que están en la etapa de investigación.
Scheinin, quien además visitó las regiones andinas de Ayacucho y Cuzco, enfatizó que el 1097 "daría la impresión que se trata de una ley preparada para casos o grupos particulares de personas".
En Perú se han generado temores respecto a la situación del ex presidente peruano Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y dos secuestros cometidos durante su régimen (1990-2000).
Precisamente esta semana una veintena de miembros del grupo militar encubierto Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para combatir el terrorismo, y altos jefes militares del régimen de Fujimori pidieron acogerse a este decreto, en un juicio que ya lleva más de cinco años.
Las organizaciones de derechos humanos han reclamado que los casos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad durante los años del terrorismo (1980-2000) son lentos por su complejidad y las dificultades para juntar las evidencias e identificar a sus autores.
Ese mismo asunto fue señalado por el relator de la ONU, quien dijo que existe "una incapacidad para identificar a los soldados y oficiales que se escondían detrás de seudónimos", tras instar al Estado peruano a brindar las facilidades para esclarecer la verdad.
Scheinin no dudó en destacar los avances en Perú tanto en el enjuiciamiento a la cúpula de Sendero Luminoso como a Fujimori, así como los planes de reparaciones para las víctimas del conflicto interno, pero recalcó que "el terrorismo solamente se puede combatir cumpliendo con las normas internacionales de derechos humanos".
Asimismo, aclaró que si bien se informó de los casos de Abimael Guzmán y de la estadounidense Lori Berenson, condenada por terrorismo, no se reunió con ellos, sus familiares o abogados.
El informe final con los resultados de su investigación en Perú será presentado a principios de 2011.
